Una crítica al intervencionismo estatal

Desde inicios de la década de los 90 se ha iniciado en Colombia un fenómeno de gran flexibilización del mercado, con el fin de lograr un desarrollo económico a partir de inversiones nacidas de capitales extranjeros. La práctica continuada de intervención económica no ha sido más que un juego de discordancias teóricas practicadas por los cuatrienios presidenciales constitucionales.

JUAN DIEGO BARRERA ARIAS
Abogado Universidad de Antioquia
Barrera Arias Abogados & Asesores
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En Colombia, es dado de vieja data reconocer la actividad económica del Estado, tanto como un agente económico como al mismo tiempo de coordinador de las relaciones nacidas del mercado entre los particulares. Este sistema conocido como mixto (mercado + intervención de las autoridades) ha hecho parte de la historia económica del Estado colombiano.

Pero, es de preguntarse qué tarea lleva a cabo el gobierno nacional como al tiempo otros organismos autónomos de la nación – como el Banco de la República - en su labor de directores de la actividad económica del Estado, dirigiendo la explotación de recursos, la distribución de las riquezas, la utilización y consumo de los bienes y servicios con el fin metafísico de la igualdad de oportunidades y lograr un desarrollo económico y la equidad en la repartición de las riquezas nacionales.

Grandes reformas en los diferentes tipos de mercados colombianos han surgido no sólo por motivos económicos, sino además por externalidades de carácter político, que conllevan como fin último, se podría decir de manera lamentable, a cada vez una mayor flexibilización del sistema económico a favor de los capitales y perjudicando a los agentes económicos: individuo y familia.

Una radiografía de dicho fenómeno la muestra de manera palpable la gran cantidad de reformas al sistema laboral que, pretendiendo una disminución del desempleo nacional, han producido el efecto contrario de un crecimiento del mismo o a su misma cifra, pero al tiempo el incremento de utilidades por parte de las empresas que han sido beneficiadas.

Fuera de lo anterior, lo realmente importante es establecer si en Colombia se justifica que un tercero, el Estado y sus instituciones, entren en el juego económico como regulador de las relaciones del mercado y como solución al eterno problema de si la mano invisible del mercado debe manejarse por sus propias relaciones, por el propio juego económico, o si por el contrario es necesario dirigirla para una mayor satisfacción de los agentes económicos.

En Colombia dado por una gran cantidad de problemas de índole social, nacidos no por la situación de un país de pocos recursos, sino por el contrario, por ser un país de demasiados recursos en manos de pocos, es admisible aceptar una teoría contractual, en la cual es necesario – aunque parezca incomodo - la presencia del Estado, no solo como esa entidad política nacida para la regulación de las relaciones nacidas entre los ciudadanos, sino al tiempo como aquel con la “capacidad” de repelar los abismos sociales no solo por su poder normativo, sino “económico” dentro del mismo sistema. De esta manera hay que aceptar de manera plausible la inmiscusion de la esfera estatal en las relaciones económicas, mas ¿cómo ha sido su desarrollo su impacto, sus efectos?, ¿en realidad el desequilibrio y toda esa masa de dogmas constitucionales buscados se han saneado? De esta manera, solucionando estas preguntas damos paso a presentar una posición sobre lo que ha significado el intervencionismo en la historia de la economía colombiana.

Es de vital importancia señalar que Colombia a nivel latinoamericano es uno de los países que en porcentaje posee una de las menores cifras de intervención en el juego económico. Desde 1991, la nueva constitución instituyó como columna vertebral del Estado colombiano la fórmula de Estado Social de Derecho y de allí un nacimiento de las nuevas relaciones económicas dentro del contexto nacional. Desde inicios de la década de los 90 se ha iniciado en Colombia un fenómeno de gran flexibilización del mercado, con el fin de lograr un desarrollo económico a partir de inversiones nacidas de capitales extranjeros. La práctica continuada de intervención económica no ha sido más que un juego de discordancias teóricas practicadas por los cuatrienios presidenciales constitucionales.

Por un lado, se ha apostado al juego de grandes facilidades para todos aquellos que pretendan invertir. En este sentido el Estado se comporta como un cuasi espectador de la vida económica, es decir, el artículo 333º de la Constitución colombiana encuentra su total aplicación práctica, pues se deja en manos de actividad particular la iniciativa para el ejercicio de la economía, encontrando sólo como límites el bien común, que, en caso de su violación, si entraría a jugar su papel para regular estas relaciones.

Al mismo tiempo este juego del desarrollo económico, normativizado por la mano estatal, no es más que la instauración de facilidades en materia tributaria para todo aquel que pretenda ya sea de manera directa o indirecta invertir en Colombia, olvidando de manera grave que no solo las facilidades en materia presupuestal o de tributación son las que importan al mercado privado internacional, sino que las comodidades de infraestructura, dígase en materia de carreteras, puertos, luz y servicios públicos, juegan un papel de igual o mayor importancia, pues la comodidades para la inversión pueden generar más utilidades tanto para los empresarios al momento de la misma inversión, como para el mismo Estado en su materia de recaudador del fisco. De esta manera se ratifica que la mano del Estado por parte de intervención económica es blanda con el sector privado que invierte, planteando una teoría liberal del mercado - como lo mencionamos anteriormente - donde solo él se somete a corregir los errores del mercado cuando son de tal agudeza que la mano invisible queda fracturada para su recuperación.

A esta forma de actuar que suelen llamarla minimización del Estado, pues pasa a darle parte del control de gran cantidad de asuntos sociales que antes se entendían como inherentes a la actividad gubernamental, a la actividad privada, pues se confía que esta última con su capacidad de reacción y calidad ante los problemas sociales, pero al mismo tiempo ignorándose que las actividades de carácter privado manejan una esfera de lucro, mientras la actividad del Estado se maneja dentro de los intereses del bien común si asimilamos que el Estado se maneja dentro de límites de filantropía para con sus ciudadanos. De este lado del tablero, es posible apreciar que hay una protección en la desregulación de la actividad económica, pues sus apuestas son grandes, pero con pocos riesgos de pérdidas. Tanto que se ha convertido en tema de economía y como mayor esfera de intervencionismo en la actividad particular la seguridad en términos de orden público como vinculo inherente para un crecimiento económico y no para el desarrollo de la economía nacional, este desarrollo que implicaría un verdadero crecimiento en cuanto a temas de equidad e igualdad.

Del otro lado, dado a una ya carrera de años en vía de la liberalidad del mercado, se mezcla la cara contraria de la moneda, la contradicción en cuanto al sistema económico elegido para su desarrollo, que comprende la gran objeción de la actividad del Estado colombiano dentro de la economía.

Mientras por una parte se dedica a una actividad totalmente benefactora de la actividad privada, en cuanto a lo expuesto párrafos arriba, en contracorriente, a la parte débil de las relaciones económicas, es decir, a los agentes económicos individuo y familia, se circunscribe en una actividad totalmente benefactora, propia de los países del bloque occidental durante la Guerra Fría. De manera que la forma del Estado reducir las brechas de inequidad y de concentración de riquezas persistentes, no es más que políticas paternalistas, a una gran masa de colombianos que viven en pobreza o en estados más intensos y al tiempo sostenerlos en la misma, sin generar la convicción en dicha población de un crecimiento y al tiempo sin generar verdaderas oportunidades de productividad, crecimiento económico y desarrollo a las clases vulnerables de la sociedad. Lluvia y aguaceros de subsidios de toda clase: por desplazamiento, por pobreza, por ser madre o padre soltero, por niñez, por discapacidad, por vejez, se crean a cada momento más con un fin proselitista legitimatorio – que se refleja durante las campañas electorales – ante el pueblo que en el sentido de solución de los problemas de empleo, educación, sanidad, vivienda digna y oportunidades para todos.

La intervención del Estado se justifica – la historia ha demostrado su necesidad - pero nuestra realidad y nuestra dependencia a economías foráneas, nos coloca en necesidad de regirnos por ciertos parámetros de comodidad para el que llega mas no para el que es de aquí y a la vez por criterios y reglas más de la internacionalización económica que por verdaderas políticas económicas internas. De modo que mientras no se centre una política económica, en la solución de problemas de fondo nuestro sistema, es decir, la creación de oportunidades de desarrollo en vez de solo oportunidades, en creación de infraestructura para la inversión en vez de seguridad excesiva, la solución de problemas sociales como el empleo, así se sacrifique la inflación en ciertos casos, no se lograra verdadera intervención estatal, que no se niega que en estos momentos existe pero que no deja de ser calificable como provechosa y aprovechada con unos y en contra de otros.

De allí que un desarrollo responsable por parte del Estado colombiano para mejorar una economía en vía de crecimiento, no ha sido el más acertado o por lo menos no ha obtenido los mejores resultados. Todavía y aun por mucho tiempo se persistirá en salvaguardar las economías tradicionales como el caso de las flores, del banano o del café, esto mantenido en el entorno económico más por externalidades – de origen sociológico-histórico – que por mismas políticas económicas que estimulen el sector y lo hagan verdaderamente competitivo en el entorno internacional.

A la vez, como tema de gran importancia para la vida del país no solo social sino – por ahora – como tema de gran importancia económica, encontramos un nuevo escenario de la intervención estatal que encuentra su mayor auge en el tema de la seguridad, como base para la inversión. Esto dando grandes avances de crecimiento económico, no es de negarlo por simple oposición a políticas estatales, pero, aunque puede ser un análisis biunívoco – pues la economía lo permite – es lamentable el tema económico se base en hipótesis guerreristas, en cuestiones de seguridad cuando el crecimiento económico se basa en medidas de gran impacto social que reactiven antiguos sectores económicos y que potencialicen los actuales, en la instauración de medidas y sistemas de modernización de la logística del país, en modernización de infraestructura actual de la nación, todo ello creando mejor clima para la inversión y al tiempo en el desarrollo de las mismas contribuyendo a la generación de una gran masa de empleo.

Así, el desarrollo constitucional de la actividad económica del país, ha tenido sus dos posiciones pactadas en la carta del 91 , siempre teniendo en cuenta que el Estado estará presente en la vida económica del país, pero que en algunas ocasiones su presencia será más palpable que en otras, siendo una incongruencia de actuaciones pero que hasta el momento a pesar de ser el director económico de la nación no deja sino mostrar que el poderío económico extranjero traspasa nuestra soberanía y hace que nos manejemos al ritmo de un mercado globalizado que cada vez exige más flexibilización a costa de los grandes sacrificios sociales que poseen nuestros países en vías de desarrollo.

Juan Diego Barrera Arias es jurista de la reconocida firma Barrera Arias Abogados & Asesores. Abogado de la Universidad de Antioquia, es innovador pedagógico, como Director Canal Youtube, La Nota Jurídica. Hace parte del Grupo Consultor de la Escuela del Buen Vecino en la SAI.

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