Desde inicios de la
década de los 90 se ha iniciado en Colombia un fenómeno de gran flexibilización del
mercado, con el fin de lograr un desarrollo económico a partir de inversiones nacidas
de capitales extranjeros. La práctica continuada de intervención económica no ha sido
más que un juego de discordancias teóricas practicadas por los cuatrienios
presidenciales constitucionales.
JUAN DIEGO BARRERA ARIAS
Abogado Universidad de Antioquia
Barrera Arias Abogados & Asesores
[email protected]
En Colombia, es dado de vieja data reconocer la actividad económica del Estado,
tanto como un agente económico como al mismo tiempo de coordinador de las
relaciones nacidas del mercado entre los particulares. Este sistema conocido como
mixto (mercado + intervención de las autoridades) ha hecho parte de la historia
económica del Estado colombiano.
Pero, es de preguntarse qué tarea lleva a cabo el gobierno nacional como al tiempo
otros organismos autónomos de la nación – como el Banco de la República - en su
labor de directores de la actividad económica del Estado, dirigiendo la explotación de
recursos, la distribución de las riquezas, la utilización y consumo de los bienes y
servicios con el fin metafísico de la igualdad de oportunidades y lograr un desarrollo
económico y la equidad en la repartición de las riquezas nacionales.
Grandes reformas en los diferentes tipos de mercados colombianos han surgido no
sólo por motivos económicos, sino además por externalidades de carácter político, que
conllevan como fin último, se podría decir de manera lamentable, a cada vez una
mayor flexibilización del sistema económico a favor de los capitales y perjudicando a
los agentes económicos: individuo y familia.
Una radiografía de dicho fenómeno la muestra de manera palpable la gran cantidad de
reformas al sistema laboral que, pretendiendo una disminución del desempleo
nacional, han producido el efecto contrario de un crecimiento del mismo o a su misma
cifra, pero al tiempo el incremento de utilidades por parte de las empresas que han
sido beneficiadas.
Fuera de lo anterior, lo realmente importante es establecer si en Colombia se justifica
que un tercero, el Estado y sus instituciones, entren en el juego económico como
regulador de las relaciones del mercado y como solución al eterno problema de si la
mano invisible del mercado debe manejarse por sus propias relaciones, por el propio
juego económico, o si por el contrario es necesario dirigirla para una mayor
satisfacción de los agentes económicos.
En Colombia dado por una gran cantidad de problemas de índole social, nacidos no
por la situación de un país de pocos recursos, sino por el contrario, por ser un país de
demasiados recursos en manos de pocos, es admisible aceptar una teoría contractual,
en la cual es necesario – aunque parezca incomodo - la presencia del Estado, no solo
como esa entidad política nacida para la regulación de las relaciones nacidas entre los
ciudadanos, sino al tiempo como aquel con la “capacidad” de repelar los abismos
sociales no solo por su poder normativo, sino “económico” dentro del mismo sistema.
De esta manera hay que aceptar de manera plausible la inmiscusion de la esfera
estatal en las relaciones económicas, mas ¿cómo ha sido su desarrollo su impacto,
sus efectos?, ¿en realidad el desequilibrio y toda esa masa de dogmas
constitucionales buscados se han saneado? De esta manera, solucionando estas
preguntas damos paso a presentar una posición sobre lo que ha significado el
intervencionismo en la historia de la economía colombiana.
Es de vital importancia señalar que Colombia a nivel latinoamericano es uno de los
países que en porcentaje posee una de las menores cifras de intervención en el juego
económico. Desde 1991, la nueva constitución instituyó como columna vertebral del
Estado colombiano la fórmula de Estado Social de Derecho y de allí un nacimiento de
las nuevas relaciones económicas dentro del contexto nacional. Desde inicios de la
década de los 90 se ha iniciado en Colombia un fenómeno de gran flexibilización del
mercado, con el fin de lograr un desarrollo económico a partir de inversiones nacidas
de capitales extranjeros. La práctica continuada de intervención económica no ha sido
más que un juego de discordancias teóricas practicadas por los cuatrienios
presidenciales constitucionales.
Por un lado, se ha apostado al juego de grandes facilidades para todos aquellos que
pretendan invertir. En este sentido el Estado se comporta como un cuasi espectador
de la vida económica, es decir, el artículo 333º de la Constitución colombiana
encuentra su total aplicación práctica, pues se deja en manos de actividad particular la
iniciativa para el ejercicio de la economía, encontrando sólo como límites el bien
común, que, en caso de su violación, si entraría a jugar su papel para regular estas
relaciones.
Al mismo tiempo este juego del desarrollo económico, normativizado por la mano
estatal, no es más que la instauración de facilidades en materia tributaria para todo
aquel que pretenda ya sea de manera directa o indirecta invertir en Colombia,
olvidando de manera grave que no solo las facilidades en materia presupuestal o de
tributación son las que importan al mercado privado internacional, sino que las
comodidades de infraestructura, dígase en materia de carreteras, puertos, luz y
servicios públicos, juegan un papel de igual o mayor importancia, pues la
comodidades para la inversión pueden generar más utilidades tanto para los
empresarios al momento de la misma inversión, como para el mismo Estado en su
materia de recaudador del fisco. De esta manera se ratifica que la mano del Estado
por parte de intervención económica es blanda con el sector privado que invierte,
planteando una teoría liberal del mercado - como lo mencionamos anteriormente -
donde solo él se somete a corregir los errores del mercado cuando son de tal agudeza
que la mano invisible queda fracturada para su recuperación.
A esta forma de actuar que suelen llamarla minimización del Estado, pues pasa a
darle parte del control de gran cantidad de asuntos sociales que antes se entendían
como inherentes a la actividad gubernamental, a la actividad privada, pues se confía
que esta última con su capacidad de reacción y calidad ante los problemas sociales,
pero al mismo tiempo ignorándose que las actividades de carácter privado manejan
una esfera de lucro, mientras la actividad del Estado se maneja dentro de los intereses
del bien común si asimilamos que el Estado se maneja dentro de límites de filantropía
para con sus ciudadanos. De este lado del tablero, es posible apreciar que hay una
protección en la desregulación de la actividad económica, pues sus apuestas son
grandes, pero con pocos riesgos de pérdidas. Tanto que se ha convertido en tema de
economía y como mayor esfera de intervencionismo en la actividad particular la
seguridad en términos de orden público como vinculo inherente para un crecimiento
económico y no para el desarrollo de la economía nacional, este desarrollo que
implicaría un verdadero crecimiento en cuanto a temas de equidad e igualdad.
Del otro lado, dado a una ya carrera de años en vía de la liberalidad del mercado, se
mezcla la cara contraria de la moneda, la contradicción en cuanto al sistema
económico elegido para su desarrollo, que comprende la gran objeción de la actividad
del Estado colombiano dentro de la economía.