Estado de Emergencia: Crisis y oportunidad

"La corrupción es otra de las protagonistas en este actual estadío que vivimos. No ha pasado un mes de la declaratoria del Estado de Emergencia y ya se han comenzado a denunciar casos de corrupción en el manejo de los recursos para los auxilios y ayudas de la población más vulnerable."

JUAN DIEGO BARRERA ARIAS
Abogado Universidad de Antioquia
Barrera Arias Abogados & Asesores
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La declaratoria de Estado de Emergencia Ambiental, Económica y Social por parte del Gobierno Nacional por medio del Decreto 417 de 2020; trae consigo una cantidad de retos a nivel institucional que, a la fecha, más que permitir las capacidades para enfrentar la crisis, han dejado evidenciar, en mayor medida, las grandes deficiencias de la institucionalidad colombiana y que es preciso bajo la coyuntura: considerarlos.

Debe darse por acertado, hasta para el más escéptico, que la declaratoria de aislamiento obligatorio por parte del gobierno nacional en todo el territorio colombiano, es un acierto a nivel de políticas de contención de la emergencia sanitaria, pero no debe dejarse de lado que la declaratoria de la misma, fue realizada por presión de la sociedad y de los gobiernos locales en el manejo de sus crisis, de allí que la falta de liderazgo o empoderamiento de la situación por parte del Presidente de la República es evidente, situación grave para un sistema como el colombiano, donde quien tiene el mayor poder dentro de la estructura del Estado, actúa de conformidad con la presión ya sea de los medios económicos, de los momentos políticos (encuestas) o de manera forzada por un tipo de Control + C y Control + V de lo realizado por entidades territoriales.

Seguidamente, la actual crisis económica derivada de la situación sanitaria, ha permitido evidenciar que todo el armatoste o andamio económico de los gobiernos en los últimos años, (más de veinte años) sobre la situación económica de la población es completamente falaz. La Colombia de clase media – fortalecida y en constante crecimiento – no es más que un “dogma” del Departamento Nacional de Estadística – DANE, la presente crisis ha permitido evidenciar que nuestro país, es un país del “rebusque”, del diario, del día a día; que no somos un país de ahorradores, sino por el contrario, un país con gran parte de la población endeudada, por no decir que toda, un país que obtiene su riqueza a cuotas de 12, 24 o 36 meses; y por tanto, un país que recibe de manera social un coletazo fuerte con la presente situación económica derivada de la emergencia.

Si bien se debe reconocer que hasta el momento no se ha dado una debacle en los servicios de salud por la actual contingencia; debemos tener presente que no podemos vociferar y vanagloriarnos de nuestro sistema de salud; no lo digo por el personal médico que a la fecha es la primera fuerza de contención de la emergencia, sino del sistema como su estructura. No debe obviarse que para el año 2019 según datos de la Corte Constitucional se radicaron 198.087 acciones de tutela por vulneración al derecho a la salud (542 diarias promedio), de las cuales 26 mil aproximadamente (71 diarias promedio) sólo fueron impuestas para la asignación de citas médicas. Tal situación permite indicar que nuestro sistema de salud, está en crisis desde mucho antes del inicio de la emergencia sanitaria y que los esfuerzos encaminados para su fortalecimiento no sólo se deben ceñir a lo que pasa en este momento, sino para garantizar un servicio oportuno de salud a todos los colombianos en cualquiera de sus dolencias y enfermedades.

La corrupción es otra de las protagonistas en este actual estadío que vivimos. No ha pasado un mes de la declaratoria del Estado de Emergencia y ya se han comenzado a denunciar casos de corrupción en el manejo de los recursos para los auxilios y ayudas de la población más vulnerable. Situación que permite afirmar que los corruptos serán más responsables de muertes y vejámenes que el mismo Covid-19; que la corrupción es el peor virus de la democracia colombiana, que por más que se aíslen y se conozcan sus responsables no se ha tenido cura alguna para ello, pues la justicia como antídoto no funciona y peor que ello, parece que cada vez muta este virus y logra ser más repelido por la misma justicia. Que la corrupción es un virus que mata a los más pobres, que roba oportunidades, carreteras, estructuras, hospitales, bienestar escolar, salud, acueductos, etcétera. Que para combatir la corrupción ya se debería haber declarado una emergencia económica y social; o hasta un Estado de conmoción interior (exagerando el escenario); que la corrupción ha logrado convertirse en una simple influenza, que nos hemos acostumbrado a vivir con ella en el ambiente y cada vez somos más tolerantes a sus devastadores efectos. Por ahora, se ha visto muchas actuaciones para la consecución de recursos y asignación de los mismos, esperamos que también se determinen mecanismos para su control; dado que los estragos que no genere el Covid-19, podrán ser, exponencialmente, superados por los corruptos y no sólo por este momento.

Así, es un momento de reflexionar sobre la estructura misma de nuestra concepción de Estado; la actual situación mundial es un punto de quiebre no solo a nivel de la salubridad y la prevención, es un punto de partida sobre el replanteamiento de las ciencias de investigación de enfermedades en cada uno de los Estados, es un replanteamiento sobre el equilibrio ambiental de nuestra relación humano – ecosistema, de replantear nuestra políticas de extracción de recursos y la sostenibilidad de las mismas; de direccionar el gasto público a más inversión generadora de riqueza y no a la concesión masiva de subsidios que estancan el ciclo productivo; de priorizar el campo y el sector agrario como fuente de la convivencia y de la paz derivado de la importancia de la alimentación para la sociedad; de avanzar en la consolidación de los medios electrónicos como mecanismos laborales productivos, y finalmente de ser una sociedad más solidaria y empática, una Colombia que crece, pero que se ayuda.

Por ahora, el momento es de actuar y tener en cuenta estas falencias que se presentan al afrontar la presente crisis, pero debemos como ciudadanos aportar de nuestra parte lo que nos compete y esté al alcance; y luego de superada la situación hacer el análisis de las responsabilidades a las que hay lugar.

Juan Diego Barrera Arias, es jurista de la reconocida firma Barrera Arias Abogados & Asesores. Abogado de la Universidad de Antioquia, es innovador pedagógico, como Director Canal Youtube, La Nota Jurídica. Hace parte del Grupo Consultor de la Escuela del Buen Vecino en la SAI.



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