¿QUÉ TAN ÚTIL LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN?

Estamos a pocos días de la Consulta Popular Anticorrupción, la misma que ha sido convocada por voluntad del Congreso para el próximo 26 de agosto de 2018. La papeleta de votación constará de siete preguntas para que los votantes puedan aprobar o rechazar. A su vez la presidencia de la República, expidió el Decreto 1028 del 20 de junio de 2018 que acoge los 7 asuntos, reglamenta la realización y dispone lo pertinente. De conformidad con la Ley Estatutaria 134 de 1994, la validez para el caso, requiere la participación de por lo menos 13 millones de personas. La discordia sobre la utilidad o no, se viene planteando curiosamente desde el mismo Congreso, con voces de legisladores que le restan merito, se escandalizan por los costos de la misma. Representantes de un partido que expresamente convocan a no participar, no escatiman los posibles costos políticos de esa decisión para las inmediatas justas regionales y locales del 2019. Sobre la utilidad o no de la Consulta Anticorrupción, consultamos a nuestros expertos colaboradores de TEMA forochat.com.co

GONZALO ALVAREZ HENAO
Ex Concejal de Medellín de los más influyentes de la ciudad. Ha sido reconocido por sus profundos e inclementes debates de control político sobre temas referidos a megaproyectos para la región, y seguimiento juicioso y permanente a los asuntos críticos que tienen que ver con las tareas y solidez de las empresas de servicio público
La realización de la Consulta Popular Anticorrupción, es el producto de la improvisación.
No solo el educador tiene que ser educado. Para el caso colombiano, los que se reclaman como dirigentes políticos, también tienen que ser formados y educados para que puedan defender eficazmente los intereses del pueblo. La corrupción y otros flagelos que agobian a la sociedad colombiana, no existen y se multiplican por falta de normas, sino por el desconocimiento que se tiene de ellas o por el prejuicio que hoy todavía tienen muchos compatriotas que no se atreven a exigir el cumplimiento de las leyes, porque las consideran como el soporte del Estado burgués.

¿Cuántos colombianos tendrán conocimiento de la existencia del artículo 90 de la Constitución Política?. Los que lo conocen muy seguramente no lo consideran como una herramienta anticorrupción: “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste."

El artículo 209 de la Constitución Política, es considerado como el Código de la ética y la moral administrativa. Aquí también surge la Pregunta: ¿Cuántos colombianos tendrán conocimiento de la existencia? “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".

El otro instrumento anticorrupción es la Ley 5° de 1992, instrumento idóneo para el control político, porque contiene el voto de censura a los ministros. Yo estoy apoyando la consulta anticorrupción, pero considero que se hace urgente emprender un trabajo pedagógico y de formación política, para que los ciudadanos hagan valer los resultados de la consulta y para que las normas que se aprueben no sean letra menta, como sucede hoy con las normas constitucionales y legales.

CARLOS ANDRÉS ECHAVARRÍA BLANDÓN
Es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional, Especialista en Gestión Empresarial de la Universidad Santo Tomás, Creador de empresas y líder en emprendimiento con amplio reconocimiento público y privado en razón de sus Asesorías e interventorias
¿Usted quiere a su mamá?, ¿usted desea un país en paz?, ¿usted quiere que no haya corrupción?. No creo que existan muchas personas que no respondan sí a alguna de éstas preguntas, así que la pregunta es de lógica respuesta. Además es una consulta, lo que significa que no es vinculante ni obligatorio para la ejecución de nuevas leyes. Y suponiendo que logren el umbral, se debe tramitar el proyecto de Ley de manera ordinaria y el Senado o la Corte Constitucional lo puede tumbar en cualquier momento. NO ES UN REFERENDO, mecanismo este donde sí es de carácter obligatorio, y las preguntas que cumplan el umbral deben ser sancionadas como nuevas Leyes.

Por lo tanto, botar a la basura $ 350.000.000.000, que es lo que cuesta hacer esa consulta que no define, ni cambia nada, es una estupidez para un país en quiebra como en el que estamos. Además ya están presentados varios proyectos de Ley por varios partidos para combatir la corrupción, con un costo de $0 adicionales a los salarios de los senadores.
Yo el 26 de agosto, como protesta al despilfarro del erario público, y para no seguirle el juego a la ex senadora Claudia López con un embeleco de éstas dimensiones, no saldré a votar. No creo que sea para nada útil.

FRANCISCO ZAPATA VANEGAS
Abogado Constitucionalista Universidad de Antioquia Universidad Autónoma, Docente Universitario, Director Escuela del Buen Vecino
Si revisamos las memorias de la Constituyente del 91, podemos colegir claramente el sentido de la apertura política que reclamaba y reclama la sociedad colombiana en orden a superar la insuficiente democracia representativa. La Consulta Popular, es uno de los mecanismos de participación a través del cual los ciudadanos pueden tener un papel más activo en la democracia, participando directamente en las transformación y modernización de lo institucional. La Consulta Anticorrupcíón, debemos aprovecharla para educar en valores de respeto al patrimonio público, y en claro compromiso de promoción de principios constitucionales como son la transparencia y moralidad en la función pública. La escasa legitimidad de que goza el legislativo, se agudiza con la conducta de congresistas que se han agazapado para evitar el guarismo electoral requerido. Me parece que hay un impedimento ético en ellos, en razón de un posible conflicto de interés frente a una pregunta en la Consulta en relación con la afectación de su salario.

El tema de la participación política en Colombia, continua rezagada a la modalidad representativa de la carta de 1886. Los Principios y Valores tan caros a nuestro orden superior, el listado del articulo 103, y la misma Ley Estatutaria 134, solo a convocado al pueblo a legitimar decisiones del Ejecutivo y del Congreso. Es muy precario el campo de acción de la ciudadanía a fin de expresarse con autonomía. Se le tiene temor a la expresión del Constituyente primario, y se manipula su voluntad. En el pasado inmediato, fueron cómplices de una consulta muy onerosa e inútil con la que el partido liberal escogió candidato presidencial, y ahora se tornan sospechosamente sensibles con la defensa de las escuelas, hospitales, y alimentos para niños, a fin de minar de desinterés y apatía la participación en la Consulta, que en esencia, pretende concienciar a la población para hacer frente común al principal flagelo que a sumido en violencia y atraso a Colombia. Si la democracia cuesta, la puesta en escena de sus mecanismos de participación también.Este es un país sin memoria. En el 2003 fracaso el Referéndum del entonces gobierno Uribe que pretendía reformar los artículos 374 y 378 de la Constitución. En sus puntos, se le apostaba a la legitimación del Congreso, con miras a mayor transparencia de su forma de votar, y la reducción de las cámaras para hacerlas más funcionales y racionales. Fracaso precisamente por la "campaña sucia" de los políticos, y una interpretación errática del Consejo Nacional Electoral. No más frustraciones por favor. Hay que respaldar la Consulta Anticorrupción.

JOSÉ ALVEAR SANÍN
Columnista del periódico El Mundo, es Editor y escritor reconocido con obras como: La Historia del Rio Magadalena, La Historia del Transporte en Colombia. Es urbanista con altos estudios en el Instituto Público de Paris, Ex Concejal de Medellín y Ex Director de Catastro de la ciudad
Aunque no he profundizado en detalle, supongo que son acertados los asuntos que se pondrán en consideración. pero me parece que es absurdo gastar mas de 300 mil millones de pesos para pedirle al congreso que prohíba una serie de conductas que ya están prohibidas por leyes anteriores y aconsejar a los congresistas que se rebajen el sueldo, cosa que nunca harán. Al nuevo gobierno le toca primero destapar la inmensa corrupción del anterior. Lo de menos son más leyes anticorrupción, basta con cumplir las incontables normas legales que generalmente se burlan en esa materia.

JHON LENIN PUMAREJO
Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, Historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de Número del Centro Independiente de Estudios Colombianos CIEC
Siempre será útil todo canal de expresión ciudadana, política, ecológica, y comunitaria en un país tan históricamente vulnerado y alienado como Colombia. Son claros y contundentes los episodios que demuestran que al pueblo se le lleva a las urnas para que convalide lo que se ha decidido a puerta cerrada. Se le impone instituciones, se toman decisiones de interés nacional por grupos de interés, pero jamás ha contado el interés común. La violencia, el desarraigo, la ausencia de sentimiento patrio ha sido por esas causas históricas. La ciudadanía en Colombia es equivalente a la inhabilidad para decidir. Nos hace mucho daño el mesianismo, el caudillismo, los apellidos, y la representación política. Los medios de comunicación son responsables cuando confunden, cuando desinforman. Si a la Consulta Anticorrupción y de manera masiva.

DOMINIK DE MARIA
Abogado Universidad de Antioquia., Especialista en Derecho Financiero y de los Negocios U. P. B., analista constitucional, y creador en Facebook, de los grupos Sociedad Abierta y No más Dictaduras
Aunque la Corrupción Política y Pública es Inmensa, la propia del Sector Privado, Corporativo, Empresarial, y sobre todo Transnacional, resulta Astronómicamente Superior. En todo caso, aunque es imperativo denunciar todos los casos de corrupción y a sus responsables, poner tanto énfasis en la Corrupción Política y Pública corre el riesgo de que los Ciudadanos miren con desdén la Política, lo Público y las Instituciones, lo cual puede favorecer las Alternativas Populistas, que frecuentemente satanizan a la Clase Política para legitimarse, para llegar al poder o para mantenerlo, pervirtiendo y capturando las Instituciones Políticas, Constitucionales, Democráticas, Jurídicas y Judiciales, tal cual ha sido la Tragedia Venezolana, donde el Pueblo pasó de contar con una Democracia Imperfecta y Corrupta, a padecer una Perfecta Dictadura Astronómicamente Corrupta.

Por otro lado, dentro de la Corrupción Pública se encuentra la de la propia Rama Judicial, cuyas Altas Cortes se han convertido en un Nido de Ladrones donde se trafica con los Derechos e Intereses Colectivos de las personas y de las comunidades. Si no se neutralizan los factores que favorecen la altísima corrupción de la Rama Judicial, toda Reforma Anticorrupción resultará parcial, incompleta e insuficiente. En cuanto al Clientelismo y la Corrupción de la Clase Política y de los Congresistas, ambos resultan favorecidos por la circunscripción nacional para la integración del Senado de la República, y por el voto preferente de las listas abiertas integradas por los partidos y movimientos políticos para participar en el proceso electoral correspondiente, favoreciendo el caciquismo, es decir, el empoderamiento de los caciques políticos afincados en sus regiones.

Creo que para neutralizar el tráfico de influencias y el pago de favores a quienes les nombran o nominan, por parte de quienes acceden a los Altos Cargos Públicos, se debería establecer como único instrumento para la designación, el del sorteo, para que sea el azar, y no una persona o institución, el que determine el acceso a una alta dignidad pública o institucional.
Finalmente, creo que no se justifica la reducción de los salarios y prestaciones de los Congresistas, pues ello no se compadece con la alta dignidad que les es propia como representantes del Pueblo y de la Sociedad, y además, si se reducen tales salarios, se producirá la disuasión de quienes formando parte de la empresa, podrían participar en el Congreso, contribuyendo a la eficacia y eficiencia del sector público.