Sin economía, no hay futuro. Sin generación de empleo, condenados a la miseria. Sin inversión extranjera, no habrá prosperidad. Simples frases que cada vez toman más forma en un país que ronda solamente en el 34% de empleo formal, lo que condena a un 66% de nuestros compatriotas a la búsqueda del sustento diario con la incertidumbre propia de una inestabilidad en sus ingresos.
Toda la vida, se nos ha vendido, desde la clase política del país, que la inversión extranjera, generadora de empleo formal, no viene a nuestro país debido al conflicto interno que por décadas hemos padecido los colombianos. Un sinnúmero de empresas han bandeado con las extorsiones de los grupos guerrilleros como las FARC, ELN, EPL y M19; con grupos de paramilitares como las AUC y AUCC, con la delincuencia común, con grupos de narcotraficantes, etc., y por si fuera poco, también deben sortear el mayor extorsionador que es el Estado Colombiano, con sus incontables impuestos que rondan el 72% de las utilidades que se generan, también impuestos presuntivos de renta, como los tiene la reforma tributaria actual que hace que sea un loco o un titan la persona que desee enfrentarse a todo esto y crear una empresa en Colombia.
Pero me voy a detener en un aspecto mucho más complejo, que realmente hace que la inversión extranjera mire hacia otro lado, esto es, la complejidad e inestabilidad jurídica.
Asumamos por un momento que somos multimillonarios y grandes inversionistas que buscamos un país para la creación de una nueva empresa, para nuestro ejemplo, somos una compañía constructora de vías, y como Colombia fue vendido como gran polo de desarrollo para la nueva infraestructura con las vías llamadas 4G, es una buena posibilidad de negocio. Antes de crear la empresa, y analizar el estatuto tributario de Colombia, voy a ver la estabilidad jurídica y la posibilidad de encontrar un sistema de justicia sólido y eficiente que garantice que en el caso de una disputa, no se venga a pique mi inversión. Así que contratamos a un abogado especialista en el derecho financiero y societario del país, que nos dé una mejor visión de los posibles escenarios a los que podemos enfrentarnos en un futuro.
Nuestro país es Santanderista, lo que significa que nuestros padres de la patria piensan que creado nuevas leyes se solucionan los problemas, pero se tiene un sistema tan complejo que urge una gran reforma estructural que permita la simplificación de los procesos y la reforma a la Justicia es tarea vital. Nuestro asesor nos va a decir, que durante la ejecución de su vía, en cualquier momento puede proceder una Consulta Popular que puede detener de tajo toda la ejecución, porque una comunidad no está de acuerdo con la construcción e inviabiliza la obra. Entonces se pregunta: ¿en caso de eso ocurrir, a dónde recurro para solucionar el conflicto?. Y la respuesta es que se debe acudir a la justicia para definir el litigio y, esto puede tomar entre 4 y 12 años para dar respuesta y determinar quien es ganador de la disputa. De raíz se frena cualquier pensamiento de inversión. Es la realidad en el primer tramo de lo que hasta ahora hemos avanzado.
En Colombia, no se tiene definición de los procesos ya que no se tienen instancias únicas o supremas. Así que existen varias ramas judiciales que legislan sobre los mismos asuntos y sus interpretaciones pueden ser diametralmente opuestas. Concejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Concejo Nacional Electoral, Concejo de Estado, - entre otras, y todas expiden Jurisprudencias diferentes y cada una al mismo nivel. Así que los conflictos que se llegaren a presentar, obligará a buscar una instancia amiga para tener una mejor posibilidad de salir avante. Lo que en pocas palabras nos dicen, es que se deben tener jueces “amigos” para que fallen a su favor. Todos sabemos cómo se crean los nuevos amigos en las altas cortes del país. Pero si ganamos en esas cortes, me pregunto: ¿el problema queda finalizado?. Nos responderá el asesor: NO, en Colombia los procesos nunca pasan a ser cosa juzgada, ya que se tiene recursos de nulidad, tutelas y otra serie de acciones, que hace que puedan cambiarse cualquier decisión previa con la cual se cuente y, esas instancias pueden tomar varias décadas en resolverse.
Con lo anteriormente expuesto, queda claro que allí no termina todo. Es más, supongamos no tener inconvenientes con la comunidad o problemas judiciales, y entonces hay que mirar hacia otro complejo frente, cual es, tener en cuenta que permanentemente se están creando nuevas normas que son de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo Superintendiencias, Ministerios, Institutos, Procuraduría, Contraloría, etc., permanentemente están expidiendo nuevas regulaciones que imponen en la modalidad de circulares, que obliga a las empresas a contar con un departamento Jurídico que las tenga al día.
Entonces mi amigo inversor, si desea traer su dinero al país, lo primero que deberá hacer es ser gran donante de los partidos políticos en Colombia. Su reacción inmediata será: ¿cómo así?. Claro, en Colombia los jueces de las altas cortes son elegidos y llegan a sus puestos mediante nombramientos realizados por el Congreso de la República. Es así que los jueces entre comillas, deben rendirle cuenta a sus padrinos políticos y, es por eso que hay en el país más magistrados que senadores: en total contamos 127 Magistrados, los cuales delegan sus responsabilidades en la mayoría de los casos a 332 magistrados auxiliares, y sigue creciendo con la JEP y la nueva sala de Juzgamiento e Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.
¡Y no hay por que olvidar otro frente!. En Colombia tiene plena vigencia el denominado Bloque de Constitucionalidad, que consiste en añadir Leyes extranjeras que se deben cumplir en Colombia, por ser este Estado suscriptor de varios tratados internacionales así que estatutos de comercio, estatutos de protección intelectual, - entre otros instrumentos, se integran a la marejada de legislación a cumplir. Esa es la razón por la cual, en la mayoría de multinacionales que existen en Colombia, los departamentos Jurídicos son más grandes que cualquier otra dependencia de sus empresas.
Con apenas anteriormente expuesto, vemos que es necesaria de manera urgente una gran reforma al sistema de justicia, a la normatividad presente, al sistema tributario. De lo contrario, ¿Quién en sus cabales va a traer su dinero a Colombia?. De nada sirve terminar con el flagelo de la guerrilla, con el horror del narcotráfico, con la amenaza de las bandas criminales, si las empresas que pueden general empleo, no se sienten atraídas por el modelo institucional de país.
Pero no solo la inversión extranjera es la afectada, obviamente, los emprendedores que anhelan comenzar un sueño, y que en la mayoría de los casos, se ven sobrepasados por esas legislaciones. Ésta es la razón por la cual, más del 80% de las empresas creadas en Colombia cerrarán sus puertas en menos de 5 años. Y tan oscuro panorama, conduce a incrementar los índices de informalidad, ya que un empresario luego de la primera quiebra, desea continuar con su experiencia en la producción o prestación de sus servicios, pero no abrirá una nueva empresa legalmente constituida, buscará por todos los medios posibles dilatar y evadir tramites ruinosos, para dar paso a la formalidad, generando otros problemas al país como lo es la evasión de impuestos y, si nuestros padres de la patria siguen en el error de fomentar impuestos como exclusiva vía para aumentar los recaudos, el circulo vicioso continuará, generando una espiral decadente peligrosa para la estabilidad del país.
Invito a todos, a que pensemos en los reales cambios que se necesitan en el país. Cambios muy complejos, y en todos los frentes. Uno de ellos, es el cambio estructural en materia de sistema judicial. No más leyes insulsas, no más justicia mediática, no más caos judicial. Se necesita un real cambio que produzca la estabilidad que todos queremos.
Carlos Andrés Echavarría Blandón Es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional, Especialista en Gestión Empresarial de la Universidad Santo Tomás, Creador de empresas y líder en emprendimiento con amplio reconocimiento público y privado en razón de sus Asesorías e interventorias.
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