Conjeturando brevemente… Tal vez existe una fracción del pueblo que quiere un
cambio verdadero y la otra, la parte restante, simplemente aún no es consiente del poder
que le ha otorgado la Constitución para elegir sus representantes y gobernantes; o quizá
el pueblo entero se cansó de luchar contra el enemigo y bien, se ha rendido; o
finalmente todos somos corruptos.
LA CALLE LO DICE / [email protected]
Alejandro Álvarez Cortés
Estudiante de Derecho
Corporación Universitaria Lasallista
Libre pensador
[email protected]
"Cuando no tomas una postura en contra de la corrupción, tácitamente la apoyas". Kamal Haasan
Entre el año 1597 y 1602, bajo el gobierno de
Francisco de
Sande, hace 418 años, sobrevino el primer caso de
corrupción en territorio americano gobernado por la
Corona española: la pérdida de 5.000 pesos oro del
gobierno, y que Sande destinó -
ilícitamente- para sobornar
al juez Mariaca a cambio de que este fallara a su favor. Y ese episodio tan solo representa el origen del fenómeno.
Desde el 20 de julio de 1810 -
fecha en la que Colombia se consolidó como país- la corrupción, hecha ya un
fenómeno, se convirtió en una pandemia política y social que crecería exponencialmente en el tiempo. A ello se
refieren diferentes estudios como el realizado por la
ONG Transparencia Internacional, que sitúa a Colombia
como el país más corrupto del mundo, entre otras conclusiones sobre dicho tópico.
Hoy por hoy, la corrupción le cuesta al país unos 50 billones de pesos anuales,
aproximadamente, equivalentes a unos 17 mil millones de dólares –
a pesar de los
esfuerzos que han realizado líderes sociales, políticos y ciudadanos colombianos por
aminorar la corrupción.
En la lucha actual contra dicho fenómeno, después de que han pasado más 200 años,
son los mismos corruptos quienes deben aprobar las leyes que regulan la materia.
Veamos:
El 26 de agosto de 2018, por iniciativa de la entonces senadora
Claudia López
Hernández y la representante a la Cámara
Angélica Lozano, ambas pertenecientes al
partido Alianza Verde, se llevó a cabo la primera consulta popular anticorrupción de
Colombia en la historia del país.
El mecanismo de participación fue aprobado el 5 de junio del 2018, en la plenaria del
Senado de la República con 84 votos a favor y 0 en contra, siendo luego promulgada bajo
Decreto 1028 de 2018 en el gobierno del presidente
Juan Manuel Santos.
Autorizado el mecanismo, se consultó por la aprobación o desaprobación de 7
preguntas con un solo fin: reducir posibilidades a los políticos de cometer actos de
corrupción. Temáticas como el salario y periodo de funcionarios públicos, la
contratación con el Estado y rendición de cuentas entre otros temas, fueron las
principales.
Para que fueran aprobados cada uno de estos mandatos, era necesario obtener por lo
menos
12.140.342 votos. Es decir, un
33.3% de los habitantes inscritos y habilitados
para ejercer el sufragio. Además de lo anterior, era necesario que cada una de las
preguntas obtuviera un
50% de votos a favor. Finalmente, la gran abstención electoral
–
que ha caracterizado a las dinámicas de la política colombiana –se hizo presente y
solo participaron en la consulta
11.671.420 de
36.421.026 de los colombianos
habilitados. Por este motivo no fue aprobada. Siguió reinando la corrupción y con ella,
en su momento, quedaron atrás las esperanzas de un pueblo que clamaba la honestidad y
la eficacia de su gobierno.