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Democracia precaria en América Latina, ¿en deuda el Estado social?

Las tradiciones políticas de la mayoría de los países de América Latina proporcionan una respuesta enraizada en la historia que obstaculizan la consolidación de democracias plenas: el presidencialismo, el cual contiene tradiciones propias del caudillismo, el caciquismo, de la supremacía de un líder que es él solo, y él mismo, el sistema.

TEMA FOROCHAT / redaccion@forochat.com.co

Windher Quiroz Ospina
Estudiante de derecho, Corporación Universitaria Lasallista
wquiroz@ulasallista.edu.co

La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social, dicho en sentido vago la democracia es: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (según la célebre definición de Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg, y después adoptada en el artículo 2º de la Constitución de la Quinta República Francesa). La democracia como modelo de gobierno es exhibida de manera desigual y precaria en la mayoría de países de América Latina, pero amparada bajo el mismo principio de legitimidad. En el caso de América Latina y en la mayor parte del mundo contemporáneo no son democracias consolidadas, sino democracias en transición y, en el mejor de los casos en búsqueda de consolidación, es decir, que se respetan las libertades políticas y civiles, el gobierno funciona satisfactoriamente, y los medios y el sistema judicial son independientes. Algunos países viven la experiencia de las democracias emergentes en las cuales se pone en cuestión la idea, y la experiencia, de que las democracias no son propensas a la guerra en su fase transicional, se ha comprobado que en estos países aumentaron los caso de agresividad y en la mayoría de transiciones se ha vivido o se vive una atmósfera de “laissez faire” (dejen hacer, dejen pasar), debido a la abstención de dirección o interferencia especialmente con la libertad individual de elección y acción debido al pasado gobierno autoritario, solo los países que han vivido la experiencia totalitaria e incluso fugaces éxitos autoritarios, reconocen que sólo la democracia produce buen gobierno sobre el largo plazo.

Las tradiciones políticas de la mayoría de los países de América Latina proporcionan una respuesta enraizada en la historia que obstaculizan la consolidación de democracias plenas: el presidencialismo, el cual contiene tradiciones propias del caudillismo, el caciquismo, de la supremacía de un líder que es él solo, y él mismo, el sistema.

Entre los años 1977 y 1978, América Latina presentaba la mayor cantidad de Países no libres: Argentina, Chile, Cuba, Haití, Panamá, Paraguay y Uruguay. En Argentina gobernaba Jorge Rafael Videla, en Chile Augusto Pinochet, en Paraguay Alfredo Stroessner y en Uruguay Aparicio Méndez. Desde 1973 al presente solo cuba es considerado país no libre debido al régimen de partido y pensamiento único el cual representa un claro límite en la región, a la consolidación de la institucionalidad democrática, a un Estado de derecho y el respeto a las libertades fundamentales.

Un caso particular es el que vive Haití, ya que es el único país de América Latina catalogado como Estado fallido, ciertamente ateniéndonos a las características que definen la realidad haitiana: una situación de violencia prolongada donde las facciones enfrentadas se disputan el control de los recursos nacionales, bandas armadas que sin aspirar a alcanzar el poder tienen el control de determinadas áreas del territorio del país, un grave deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos que carecen de los servicios más básicos como son: salud, vivienda, educación, justicia e infraestructuras, desmoronamiento de las estructuras que garantizan un mínimo de estabilidad y seguridad. En el caso haitiano, la policía carece de capacidad para mantener el orden y el cumplimiento de la ley, en otros términos, el Estado no posee el monopolio de la fuerza, la existencia de un aparato burocrático administrativo no significa que exista tal poder estatal. La administración y sus recursos se emplea por cada gobernante y sus seguidores como patrimonio particular y medio de enriquecimiento.

En el caso de: Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, son considerados como regímenes “Híbridos” debido a que una serie de irregularidades, hacen que las elecciones no sean completamente libres o justas. Estos países combinan elementos de la democracia como el pluralismo, instituciones representativas, elecciones o constitucionalismo, con otras formas de poder autoritario.

Otro buen número de países, a pesar de tener elecciones libres y respetar las libertades civiles, presentan fisuras en otros aspectos como el nivel de participación o la cultura política, estos han sido denominados “democracias imperfectas” como es el caso de Chile, Brasil, Panamá, Argentina, México, Colombia, Perú, El Salvador y Paraguay; uno de los casos que más llama la atención es el de Chile. De acuerdo con el ranking elaborado por “The Economist Inteligencie Unit”, la unidad investigativa del grupo “The Economist”, Chile se posiciona en tercer lugar por debajo de Uruguay y Costa Rica en el listado de las mejores democracias de América latina, aun así es catalogado como un país con una democracia imperfecta ya que Los gobiernos chilenos no han sido siempre democráticos y, por ende, no representativos de la masa popular, debemos remontarnos a comienzos del siglo XIX donde los Presidentes se elegían de acuerdo a los intereses de unos pocos, dejando al margen al grueso de la población chilena porque se les consideraba iletrados, incapaces de tomar decisiones cuerdas que fortalecieran lo que la oligarquía estaba construyendo.
No podemos pasar por alto el desarrollo de la democracia en nuestro país, así como los avances en materia democrática los cuales tienen como partida la Constitución Política colombiana de 1991. Esta se origina en un momento en el cual tanto interna como externamente se venían ejerciendo en el país una serie de presiones orientadas a lograr la apertura de mayores espacios democráticos, en ella se contemplan más de 38 artículos referidos al fortalecimiento de la democracia, se dio un paso importante al establecer nuevos espacios para la participación de los ciudadanos a través de los diferentes mecanismos de participación, todos ligados con el ejercicio de la democracia participativa. A partir de los años noventa, se fue creando una amplia y compleja infraestructura para fortalecer la participación ciudadana que amplió las oportunidades para que diversos sectores de la población pudieran intervenir en el escenario público; además de los mecanismos de planeación participativa, para determinados sectores minoritarios se establecieron circunscripciones electorales especiales, posibilitándose la participación política de actores sociales notorios como los movimientos indígenas y los afrodescendientes, a su vez, se abrió la posibilidad para que aquellos movimientos y grupos de ciudadanos que no se sentían representados en los partidos políticos pudiesen recurrir a inscripción de candidaturas mediante la recolección de firma. En las modificaciones realizadas a los mecanismos de participación ciudadana, uno de los que más cambios presentó, fue la revocatoria del mandato para Alcaldes y Gobernadores, modificando los porcentajes requeridos para convocar comicios de revocatoria. Con la Constitución de 1991, al menos desde el punto de vista normativo, Colombia amplió las oportunidades que tenían los ciudadanos para intervenir en la definición del destino colectivo, creando una compleja infraestructura para la participación ciudadana, que va, desde los espacios y mecanismos de participación ciudadana hasta las formas para ejercer el control social a lo público.
Pese a la importancia que adquirió la participación ciudadana en las últimas décadas, aún existen retos y desafíos a superar que conduzcan al fortalecimiento de la participación ciudadana y el logro por ende de una democracia plena.

Las excepciones al estancamiento democrático lo conforman Uruguay y Costa Rica, quienes poseen “democracias plenas”, gracias a la recuperación del concepto de igualdad social y sus avances hacia la diversidad, acompañada por una cosmovisión más inclusiva, diversa e integral de los derechos humanos.

Es de reconocer el avance que han tenido todos los países de América Latina, pero no podemos ser conformistas, debemos quitarnos la venda que nos impide ver en pleno siglo XXI, aun la democracia es precaria, solo Uruguay alcanza el puesto número 15 en el Ranking mundial. Seguimos contando con sistemas democráticos precarios, la línea divisoria entre las democracias imperfectas y las híbridas no es muy rigurosa, los partidos políticos y el Congreso son dos de las instituciones que menos confianza genera entre la ciudadanía latinoamericana, y esta notoria debilidad de dos instituciones centrales para cualquier democracia es un síntoma preocupante, tanto por sus bajos niveles de confianza como por su persistencia en el tiempo; con índices tan bajos no es de extrañar que muchos expertos hablen de una verdadera crisis de representación. Simplemente, los ciudadanos no creen a sus representantes ni se sienten representados por éstos y, a todo lo expuesto anteriormente, le sumamos la fragilidad del Estado de derecho en muchos países de la región, lo que se traduce en una falta de seguridad jurídica que abarca todo tipo de ámbitos de la vida de las personas, que va desde las políticas penitenciarias hasta la discriminación por género o etnia, todas estas características configuran una democracia defectuosa.
En resumen, sólo dos países de la región logran entrar en la categoría de “democracia Plena”: Costa Rica y Uruguay. Nueve países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia, son considerados “democracias defectuosas”, mientras que otros seis, entre ellos: Bolivia, Guatemala y Venezuela, ni siquiera son considerados democracias propiamente dichas, sino “regímenes híbridos”. Por último, no hay que perder de vista que no ha sido mucho el avance de la democracia electoral, pues en los últimos 30 años un total de 16 presidentes vieron interrumpidos sus mandatos por distintas razones, los dos últimos casos fueron los de Manuel Zelaya en Honduras en 2009 por un golpe de Estado, y Fernando Lugo, en Paraguay en 2012 debido a un juicio político.

Es necesario hacer un breve recorrido por los gobiernos vigentes de América Latina para entender los factores actuales que impiden la evolución de la democracia, y como las problemáticas sociales juegan un papel determinante en el estancamiento de esta.

DEMOCRACIAS EN AMÉRICA LATINA 2019

PAIS GOBERNANTE ORIENTACION COYUNTURA

ARGENTINA MAURICIO MACRI Centro - derecha GRAVE CRISIS FINANCIERA
BOLIVIA EVO MORALES Izquierda PARÁLISIS GUBERNAMENTAL
BRASIL JAIR BOLSONARO Derecha EXTREMISMO CONSERVADOR
CHILE SEBASTIAN PIÑERA Centro - derecha ESTABILIDAD ECONÓMICA
COLOMBIA IVAN DUQUE MÁRQUEZ Derecha PROCESO DE PAZ
COSTA RICA CARLOS ALVARADO Q. Centro - izquierda DEMOCRACIA PLENA
CUBA MIGUEL DIAZ - CANEL Izquierda REFORMISMO POST CASTRO
ECUADOR LENIN MORENO Centro - izquierda RETORNO CONSERVADOR
EL SALVADOR NAYIB BUKELE Centro - derecha VIOLENCIA Y CRIMEN
GUATEMALA JIMMY MORALES Derecha MIGRACIÓN CRECIENTE
HONDURAS JUAN O. HERNANDEZ Derecha VIOLENCIA Y MIGRACIÓN
MÉXICO A.M. LOPEZ OBRADOR Izquierda 4ª TRANSFORMACIÓN
NICARAGUA DANIEL ORTEGA Izquierda AUTORITARISMO
PANAMÁ JUAN CARLOS VARELA Centro - derecha REFORMISMO
PARAGUAY MARIO ABDÓN BENÍTEZ Derecha INESTABILIDAD POLÍTICA
PERÚ MARTIN VIZCARRA Centro - derecha RECUPERACIÓN MACRO
PUERTO RICO RICARDO ROSELLO Derecha CRISIS DE GOBERNABILIDAD
REP. DOMICANA DANILO MEDINA Derecha RECUPERACIÓN ECONÓMICA
URUGUAY TABARE VÁSQUEZ Centro - izquierda DEMOCRACIA PLENA
VENEZUELA NICOLAS MADURO Izquierda AUTORITARISMO

La experiencia democrática latinoamericana del presente siglo ha superado la existencia de gobiernos militares, pero no ha transitado a la consolidación de sistemas de participación democrática y de reafirmación de una agenda ciudadana que supere las consignas partidistas y las prácticas de populismo de las élites gobernantes.

¿Deuda del Estado Social?
Para hablar acerca de la actual deuda del Estado social, se debe mencionar como antecedentes sociales de la Constitución de 1991, la violencia desenfrenada que se vivía en el momento en el país, cuyos números hablan de cerca de 25.000 muertos por año, debido a la confrontación del gobierno con los carteles del narcotráfico, la creciente presencia de los grupos guerrilleros a lo largo y ancho del territorio nacional, el surgimiento de los grupos paramilitares como una respuesta para contener el actuar de las guerrillas, sumando la muerte de tres candidatos a la presidencia, la eliminación sistemática de los miembros de la Unión Patriótica, el descrédito y poca representatividad de la clase política, la poca aplicabilidad de la Constitución de 1886, la continuidad de los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, entre otras circunstancias, todo lo cual llevó a que se convocará la Asamblea Constituyente de 1991, de la que surge la Constitución de ese mismo año. A pesar de que esta se basó en modelos extranjeros como la Ley Fundamental alemana de 1949 y la Constitución española de 1978, que establecen cada una el principio del Estado Social de Derecho como pilar fundamental del Estado; en el caso colombiano, será la Corte Constitucional la que le dé una interpretación a este principio acorde con las circunstancias propias que atravesaba el país.

Uno de los puntos más relevantes de este cambio constitucional es que bajo la concepción del Estado Social, la igualdad no sólo se predica desde el punto de vista de la ley, sino que establece la igualdad también de carácter material, que significa que el Estado tiene la obligación de atacar los factores generadores de desigualdad, y frente a esto, debe garantizar la plenitud de los derechos de aquellos que se encuentran en una situación de desventaja, las crisis sociales exigieron repensar la misión del Estado y de su posición frente a la ocurrencia de todo tipo de hechos que atentaban contra la existencia de miles de personas, todas aquellas que no tenían los medios mínimos para subsistir. Esta situación que generó, que a partir de la creación del Estado Social, a esa igualdad formal se le agregara la denominada igualdad material, de esta manera se entendió entonces, que no es suficiente con que todos sean iguales ante la lay, ahora lo que trasciende es la igualdad real, que se refiere a que tiene que haber una satisfacción mínima de ciertas necesidades como: educación, salud, alimentación, vivienda, recreación..., entre otros, para todos.

Es así como desde las modificaciones a la carta magna en 1991, la nueva visión implica una modificación trascendental en la forma de concebir al Estado y el actuar de sus diferentes organismos, sin embargo, en Colombia es urgente y por lo tanto inaplazable afianzar una cultura constitucional, para que se logre que la Constitución como norma suprema no se quede sólo como un instrumento en manos de políticos y abogados, sino como la herramienta esencial e idónea para la solución pacífica de los conflictos que aquejan al país, bajo el manto del respeto por el otro, bajo un régimen democrático que vele por los interese de los ciudadanos, pues al día de hoy, son múltiples los problemas que aquejan al orden jurídico nacional. Llamar a Colombia Estado Social de Derecho representa entonces una osadía, cuando el país registra cerca de 610.000 tutelas anuales, de estos expedientes de tutela llegaron a la Corte 151.241, que corresponden a la protección del derecho de petición; a la solicitud de información y expedición de copias. Todavía las autoridades públicas no han entendido que este es un derecho fundamental que exige una respuesta oportuna y eficaz. Este escenario de desigualdad, deja en evidencia que todavía no está incorporado de manera plena y extensiva en el discurso de los demás operadores jurídicos el paradigma del Estado Social y Constitucional de Derecho. WQO

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Ensayo del estudiante de derecho Windher Quiroz Ospina, que debemos leer por ser validado en Escuela del Buen Vecino EBV. Imagen archivo forochat.com.co